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Los Administradores de fincas reclaman una nueva Ley de Propiedad Horizontal ‘para los edificios del siglo XXI’
6 junio, 2016
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Los administradores de fincas colegiados de España reclaman una nueva Ley de Propiedad Horizontal, toda vez que la actual norma, que data de 1960, es “confusa y está anquilosada”.

Así lo ha indicado el vicepresidente segundo del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), Pedro Ureta, en el 20.º Congreso Nacional y I Congreso Internacional de administradores de fincas, que tiene lugar en Sevilla.

Complejidad de servicios de los edificios modernos

Esto profesionales consideran que hay que elaborar una ley para los edificios del siglo XXI, porque estos disponen, en la actualidad, de “una complejidad de servicios muy difíciles de imaginar y regular hace medio siglo”, ha indicado la organización del congreso en una nota.

Según los administradores, la actual Ley “ha sido modificada en nueve ocasiones y se ha convertido en una norma de 24 artículos, tres de ellos sin contenido”. “Casi tres años después de la última reforma en 2013, ésta no ha satisfecho a nadie, ni a la Administración que no ha logrado el impulso de la rehabilitación de los inmuebles, ni a los administradores de fincas colegiados porque está costando mucho aplicarla en un contexto económico y laboral en crisis”, ha afirmado el presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, Salvador Díez.

Una ley para los edificios del siglo XXI

“Consideramos que hay que elaborar una ley para los edificios del siglo XXI, porque estos disponen, en la actualidad, de una complejidad de servicios muy difíciles de imaginar y regular hace medio siglo”, señala Rafael del Olmo, presidente del Colegio de Administradores de Sevilla.

Han recordado que actualmente, los costes y las obligaciones de los comuneros “son mucho mayores y se debe disponer de una norma sencilla y rigurosa que facilite la adopción de acuerdos y una gestión ágil y transparente, sin olvidar de incorporar la tecnología actual para favorecer la participación en la toma de acuerdos y mejorar la gestión de los edificios”.

Por su parte, Pedro Ureta, quien ha recordado a Europa Press que el Consejo Nacional de Administradores de Fincas creó una comisión nacional con integrantes de todas las provincias, con la idea de “crear unas bases de criterio de la nueva Ley”, donde establecer qué se regula y como se regula, para después establecer un nuevo articulado.

Ureta ha precisad que el sector quiere una nueva ley porque la actual data de 1960, y aunque haya sido modificada varias veces, considera que hay artículos “completamente anquilosados y la regulación es contradictoria, que crea una confusión brutal entre los propietarios, entre los administradores e incluso entre los jueces”, de forma que, por ejemplo, “sobre un mismo asunto las sentencias de las audiencias provinciales son contradictorias, y no hay apoyo jurídico”.

Por ello, piden “una regulación más clara, que sea fácilmente interpretable por los operadores jurídicos, como abogados jueces y administradores de fincas”, ya que la ley actual “es muy confusa”.

Ureta teme que con el actual período político todo el proceso se pueda paralizar, y pide que haya Gobierno para poder acometer esa reforma, y ha apuntado que en el caso de que el Ejecutivo no atendida sus demandas, apostarán por el camino de la iniciativa legislativa popular.

Fondo de rehabilitación y menos carga fiscal

Por otro lado, los representantes de los administradores de fincas colegiados han resaltado la importancia de conseguir un mantenimiento adecuado de los edificios y rehabilitar los que están en mal estado de conservación.

Consideran que una de las mayores necesidades para afrontar los procesos de rehabilitación es la financiación, por lo que proponen la constitución de un fondo acumulativo para financiar estos proyectos, “que puede llegar a tener coste cero para las administraciones públicas, sin generar déficit público”. Han agregado que, “en los proyectos de eficiencia energética las inversiones pueden llegar a pagarse con los ahorros obtenidos”.

Las deducciones fiscales son otras de las propuestas, “porque son inmediatas y no tienen asociado ningún coste de gestión”. Consideran que la vivienda “soporta una gran carga fiscal, que es necesario reducir, de tal modo que el IVA, tasas e impuestos municipales deban de ser reducidos para las obras de conservación y rehabilitación”.

También proponen una oficina única de tramitación de las ayudas, de tal forma que tanto los profesionales como los ciudadanos puedan tener acceso a la información “de forma precisa y ágil”. En la misma línea, consideran que el elevado número de normas que afectan a los edificios y las diferencias territoriales “perjudica su difusión y complican su aplicación”, por lo que se propone que las principales obligaciones sean similares en todo el país y se mantengan en el tiempo. (EUROPA PRESS)

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